La concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, ha defendido este lunes que la solicitud de preconcurso de acreedores acordada por la empresa está destinada a "proteger" la misma de la ejecución provisional de la sentencia que la condena a pagar "12 millones" de euros a la compañía constructora Sando, e impedir "un eventual bloqueo" de las cuentas de la sociedad mixta.
En unas declaraciones recogidas por Europa Press, Carmen Castreño ha explicado que aunque Mercasevilla había trasladado a la constructora Sando que necesitaba "un poco de tiempo" para abonarle los citados "aproximadamente 12 millones de euros", esta empresa privada "ha efectuado o va a efectuar la petición de ejecución provisional de la sentencia" que condena a Mercasevilla a ingresar todo ese dinero en favor de Sando.
Dado el caso, "para proteger a Mercasevilla de un eventual bloqueo de sus cuentas" por la ejecución provisional de la citada sentencia, la sociedad ha solicitado el preconcurso de acreedores, al objeto de obtener un plazo de cuatro meses hasta la ejecución provisional de la resolución judicial y "realizar todos los trámites necesarios para cumplir con las obligaciones y negociar la forma de pago con el acreedor".
Así, ha pedido "absoluta tranquilidad", defendiendo que Mercasevilla "marcha correctamente" y asegurando que la empresa se ha acogido "a unos trámites no excesivamente habituales" pero destinados a su "protección".
El asunto, recordémoslo, deriva de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a Mercasevilla a abonar a la empresa constructora Sando unos 8,9 millones de euros por incumplir los términos del contrato firmado en 2005 con dicha sociedad, que demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Dado que los intereses de demora sumarían más de 1,5 millones de euros, la cuantía a abonar a Sando se elevaría a más de once millones de euros, según el propio Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla.
RECURSO AL SUPREMO
Aunque la empresa decidió recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la mencionada sentencia, emprendió en paralelo una ampliación de capital para afrontar las consecuencias de la citada resolución judicial e impedir que la sociedad incurriese en una hipotética causa de disolución. A tal efecto, el pasado mes de noviembre arrancaba en el Ayuntamiento hispalense, principal accionista de la empresa, una modificación presupuestaria por importe de 5.392.998 euros, al objeto de inyectar dicha cuantía a Mercasevilla, aportando la sociedad estatal Mercasa el resto del montante hasta los once millones de euros.
Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, primera teniente de alcalde y presidenta de Mercasevilla, defendía al respecto que el propósito de esta maniobra era "salvar la compañía y, por tanto, evitar su disolución, al tiempo mantener su titularidad y gestión públicas".
"Se ha realizado un gran esfuerzo buscando en todas las partidas del presupuesto y sin afectar a servicios esenciales, de forma que se han conseguido los recursos necesarios para la aportación municipal este año", señala Castreño. "Tras la última sentencia contraria, teníamos dos opciones: o dejábamos que la empresa se disolviera o hacíamos lo posible por salvarla. Y este gobierno tiene muy claro que su voluntad es salvar este servicio público", apuntaba.
"COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN"
Pero en el marco de esta operación, y según han informado a Europa Press fuentes municipales, la compañía constructora Sando ha solicitado la ejecución provisional de la citada sentencia, lo que podría derivar en "embargos" sobre las cuentas y el patrimonio de la sociedad mixta. Dado el caso, y "como medida de protección", el consejo de administración de Mercasevilla, reunido este lunes, ha acordado por unanimidad solicitar el preconcurso de acreedores, a la espera de que concluya plenamente la operación de ampliación de capital ya descrita y que medie "un acuerdo en torno a la fórmula de pago" de la sentencia en cuestión.
En ese sentido, el Ayuntamiento defiende que esta medida no altera la "hoja de ruta" pergeñada, es decir la impugnación de la sentencia frente al Tribunal Supremo y seguir adelante con la ampliación de capital.
