La primera teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense y presidenta de Mercasevilla, Carmen Castreño, ha confirmado este miércoles una reciente reunión con la compañía constructora Sando, en el marco de la negociación destinada a cumplir la sentencia que condena a la sociedad mixta, participada por el Consistorio y Mercasa, a abonar 11,6 millones de euros a dicha entidad privada.

   Todo deriva, recordémoslo, de la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a Mercasevilla a abonar a la empresa constructora Sando unos nueve millones de euros por incumplir los términos del contrato firmado en 2005 con dicha sociedad, que demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Con los intereses de demora, la cuantía a abonar a Sando se elevaría a unos 11,6 millones de euros.

   Aunque la empresa decidió recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la mencionada sentencia, emprendió en paralelo una ampliación de capital para afrontar las consecuencias de la citada resolución judicial e impedir que la sociedad incurriese en una hipotética causa de disolución. A tal efecto, el pasado mes de noviembre arrancaba en el Ayuntamiento hispalense, principal accionista de la empresa, una modificación presupuestaria por importe de 5.392.998 euros, al objeto de inyectar dicha cuantía a Mercasevilla, aportando la sociedad estatal Mercasa el resto del montante hasta los 11,6 millones de euros.

   Pero en el marco de esta operación, la compañía constructora Sando solicitó la ejecución provisional de la citada sentencia, por lo que el consejo de administración de Mercasevilla acordó solicitar el preconcurso de acreedores, a la espera de que concluya plenamente la operación de ampliación de capital ya descrita y que medie "un acuerdo en torno a la fórmula de pago" de la sentencia en cuestión.

LA PETICIÓN DE SANDO

   Porque en su escrito de petición de ejecución provisional de la sentencia, recogido por Europa Press, Sando interesa que "se proceda a la averiguación patrimonial del ejecutado", en este caso Mercasevilla, al objeto de que instancias como la Tesorería General de la Seguridad Social o la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, "aporten informe sobre la entidad requerida" respecto a su "situación patrimonial" y con relación a "posibles devoluciones pendientes, ayudas o subvenciones que pudieran ser objeto de embargo, tanto en servicios centrales, periféricos, organismos o empresas públicas dependientes, así como los vehículos de su titularidad".

   Pide además Sando que "de existir saldos pendientes de pago, créditos o derechos pendientes de abono, se proceda a su retención y puesta a disposición para su entrega" a la constructora "hasta cubrir el importe reclamado". Sando, además, solicita al juzgado que a su vez requiera a Mercasevilla una "relación de alquileres vigentes" y "subvenciones de todo tipo que tenga concedidas y pendientes de cobro" y reclama el "embargo" de "saldos bancarios hasta reponer la cantidad despachada más lo presupuestado en intereses y costas", "devoluciones tributarias que pudiera tener reconocidas" Mercasevilla e incluso "subvenciones pendientes de abono, saldos y derechos que resulten de la información patrimonial interesada".

   En este contexto, Carmen Castreño, presidenta de Mercasevilla, ha manifestado a Europa Press que como publica el diario 'ABC', la sociedad mixta se ha reunido con Sando en el marco "del preconcurso de acreedores" solicitado por el mercado central hispalense. "Estamos intentando negociar con Sando el mejor acuerdo posible para Mercasvilla", ha dicho.

EL PROCESO PENAL

   En cuanto a la posible demanda de devolución de los siete millones de euros entregados por Sando a Mercasevilla para ejercer la opción de compra de los suelos enajenados por el mercado central, Castreño defiende que hasta el momento la empresa constructora "no nos los ha pedido", si bien recuerda que el conflicto de los suelos "está sujeto a un proceso penal" investigado por el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla y pendiente de que el juzgado de lo Penal número 13 celebre la correspondiente vista oral. Remitiéndose a dicho procedimiento judicial, Castreño expone que ese aspecto "no es preocupación" para los gestores de Mercasevilla.