La sociedad mixta Mercasevilla, participada mayoritariamente por el Ayuntamiento hispalense y Mercasa, reúne este lunes a su consejo de administración, para revisar su "situación económica y patrimonial" y fijar una fecha para la sesión de su junta de accionistas destinada a debatir un "aumento de capital social" por 358.412 euros. Todo ello después de que en diciembre, acordase solicitar el preconcurso de acreedores, al reclamar la constructora Sando la ejecución provisional de la sentencia que condena a Mercasevilla a abonarle unos once millones de euros.
Según la documentación recogida por Europa Press, en principio la citada sesión de la junta general de accionistas había sido planeada para el 25 de febrero, si bien este lunes a las 10,30 horas se celebrará ya este consejo de administración, al objeto de "modificar" la fecha de dicha sesión y fijar un nuevo día. De cualquier modo, el orden del día de la futura reunión de la junta general de accionistas contempla la revisión de la "situación económica y patrimonial" de la empresa, así como un "aumento de capital social" por valor de 358.412 euros, mediante la emisión del mismo número de acciones con un valor nominal de un euro.
Sobre toda esta operación pesa la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que condena a Mercasevilla a abonar a la empresa constructora Sando unos 8,9 millones de euros, por incumplir los términos del contrato firmado en 2005 con dicha sociedad, que demandó al mercado central de abastos por no poder explotar unas parcelas que le fueron adjudicadas al no contar las mismas con acometidas eléctricas. Dado que los intereses de demora sumarían más de 1,5 millones de euros, la cuantía a abonar a Sando se elevaría a más de once millones de euros, según el propio Ayuntamiento, socio mayoritario de Mercasevilla.
AMPLIACIÓN DE CAPITAL
Aunque la empresa decidió recurrir ante el Tribunal Supremo (TS) la mencionada sentencia, emprendió en paralelo una ampliación de capital para afrontar las consecuencias de la citada resolución judicial e impedir que la sociedad incurriese en una hipotética causa de disolución. A tal efecto, el pasado mes de noviembre arrancaba en el Ayuntamiento hispalense, principal accionista de la empresa, una modificación presupuestaria por importe de 5.392.998 euros, al objeto de inyectar dicha cuantía a Mercasevilla, aportando la sociedad estatal Mercasa el resto del montante hasta los once millones de euros.
Carmen Castreño, concejal delegada de Economía, Comercio y Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Sevilla, primera teniente de alcalde y presidenta de Mercasevilla, defendía al respecto que el propósito de esta maniobra era "salvar la compañía y, por tanto, evitar su disolución, al tiempo mantener su titularidad y gestión públicas".
"Se ha realizado un gran esfuerzo buscando en todas las partidas del presupuesto y sin afectar a servicios esenciales, de forma que se han conseguido los recursos necesarios para la aportación municipal este año", señala Castreño. "Tras la última sentencia contraria, teníamos dos opciones: o dejábamos que la empresa se disolviera o hacíamos lo posible por salvarla. Y este gobierno tiene muy claro que su voluntad es salvar este servicio público", apuntaba.
"COMO MEDIDA DE PROTECCIÓN"
Pero en el marco de esta operación, y según informaban a Europa Press fuentes municipales, la compañía constructora Sando solicitó la ejecución provisional de la citada sentencia, lo que podría derivar en "embargos" sobre las cuentas y el patrimonio de la sociedad mixta. Dado el caso, y "como medida de protección", el consejo de administración de Mercasevilla acordó por unanimidad solicitar el preconcurso de acreedores, a la espera de que concluya plenamente la operación de ampliación de capital ya descrita y que medie "un acuerdo en torno a la fórmula de pago" de la sentencia en cuestión.
En ese sentido, el Ayuntamiento defiende que esta medida no altera la "hoja de ruta" pergeñada, es decir la impugnación de la sentencia frente al Tribunal Supremo y seguir adelante con la ampliación de capital.
