Isidro Nicolás Fernández Pacheco, oficial mayor del Ayuntamiento de Sevilla, ha manifestado este miércoles ante la comisión de investigación sobre los contratos adjudicados a Fitonovo, cuyos directivos habrían repartido dádivas y comisiones a funcionarios y responsables institucionales a cambio de contratos, que aunque él propuso a la mesa de contratación tratar como "desproporcionada" una oferta de Fitonovo que superaba "ampliamente" a las demás en el número de empleados a contratar, dicho extremo fue finalmente descartado.
Hablamos de los hechos investigados a partir de la operación Madeja, después rebautizada como Enredadera, sobre los contratos públicos adjudicados a la empresa Fitonovo. La investigación, al pasar a la fase de la operación Enredadera, supuso la detención de 32 personas en 13 provincias de España, motivando después sonadas imputaciones como las del ex primer teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU-CA), el entonces concejal de IU-CA José Manuel García, quien dimitió a cuenta de su imputación, o el exedil del PSOE Manuel Gómez Lobo.
En la causa figuran también como imputados el antiguo asesor de IU-CA Antonio Miguel Ruiz Carmona; el exconcejal del PP Joaquín Peña; el exasesor socialista Domingo Enrique Castaño; el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores; el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas; el funcionario de la Diputación de Sevilla Carlos Podio; el también funcionario de la Diputación Francisco Javier Heredero; el funcionario jubilado de esta institución Elías Oliver; y diferentes directivos y empleados de Fitonovo.
Aunque la investigación arrancó desde el Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla de la mano de la juez Mercedes Alaya, entonces titular de dicha instancia, la Audiencia Nacional asumió finalmente el caso al abarcar las diligencias diferentes provincias.
Dado que la investigación judicial comenzó precisamente por los contratos adjudicados por el Ayuntamiento hispalense a Fitonovo, y a tenor de las relaciones contractuales entre ambas partes, el pleno del Ayuntamiento hispalense acordó el pasado mes de septiembre, a instancias de C's y por unanimidad, crear una comisión de investigación sobre los contratos adjudicados por el Consistorio a esta empresa y su grupo.
MÁS COMPARECENCIAS
Esta comisión ha celebrado este miércoles su cuarta sesión de comparecencias, comenzando por Isidro Nicolás Fernández Pacheco, oficial mayor del Ayuntamiento. Su declaración se ha centrado, sobre todo, en la labor de la mesa municipal de contratación para la aplicación en Sevilla capital del Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL) o "plan 8.000", promovido por el Gobierno central del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, para combatir el paro mediante proyectos y obras financiadas por el Estado pero canalizadas a través de los ayuntamientos.
Fitonovo, recordémoslo, resultó adjudicataria de once de los 12 campos de césped artificial propuestos por el Consistorio como actuaciones a financiar mediante este programa, mientras estos contratos eran adjudicados merced a unos pliegos técnicos elaborados por el servicio promotor del proyecto en cuestión y los pliegos administrativos que regían en todo este programa, elaborados por el Estado y que atribuían 90 puntos al número de empleos a crear y diez puntos al plazo de ejecución del proyecto.
Al respecto, el oficial mayor del Ayuntamiento ha explicado que la oferta inicial de Fitonovo para instalar los citados once campos de césped artificial le llamó la atención, porque superaba clara y "ampliamente" al resto de ofertas en el número de empleados a contratar. "La oferta de Fitonovo implicaba un incremento considerable de trabajadores respecto a otras ofertas", ha explicado.
"CONTROVERIA" EN LA MESA DE CONTRATACIÓN
En ese sentido, ha explicado que entre los miembros de la mesa de contratación se suscitó una "controversía o discusión" de carácter "técnico y jurídico" en la que él propuso aplicar el criterio de oferta "desproporcionada", lo que habría obligado a la empresa a "justificar" concretamente cómo iba a contratar a todos esos trabajadores, si bien en dicho debate prevaleció la idea no actuar de ese modo y seguir adelante con el procedimiento "normal", tras lo cual esta oferta ganó el concurso tras ser declaraba "viable" en los aspectos técnicos, presumiblemente por parte del servicio promotor del proyecto. En adelante, y según ha expuesto, este tipo de ofertas "desproporcionadas" se convirtió en una "tónica" por parte de otras empresas a la hora de pujar por contratos del Plan 8.000.
Preguntado por José Manuel García (IU-CA), durante aquella etapa primero gerente del IMD y después directamente concejal de Deportes, ha sostenido que "actuó correctamente" y que cuenta con "las mejores referencias" sobre él, manifestando que desconoce qué persona concreta elaboró el informe de viabilidad sobre la oferta de Fitonovo para los campos de fútbol.
En cuanto a los contratos de los que gozaba Fitonovo para trabajos de mantenimiento y conservación en el parque periurbano de La Corchuela, el oficial mayor ha explicado que los logró por concurso público convencional y que el exjefe del servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento Francisco Amores, imputado en la investigación judicial, era el encargado de "vigilar" la ejecución de ese tipo de contratos.
Jesús Irala, jefe de servicio de Obras y Proyectos e Infraestructuras del Instituto Municipal de Deportes (IMD) entre 2010 y 2013, ha manifestado, de su lado, que durante su etapa en dicho cargo, la adjudicación más importante de su área a Fitonovo fue una obra de urgencia en el centro deportivo Ifni, porque sufría múltiples "deficiencias" y "desprendimientos" y había "peligro para los usuarios" y para la ciudadanía en general.
Al tratarse de una obra declarada "de urgencia", fue adjudicada directamente a Fitonovo, por decisión de Francisco Colina, gerente del IMD cuando José Manuel García era concejal de Deportes. Irala, en ese sentido, ha explicado que Colina argumentó entonces que Fitonovo contaba con capital propio para afrontar los gastos de la obra hasta que el Ayuntamiento la pagase, toda vez que se trataba de una empresa "de cierta confianza" mientras otras tenían malos antecedentes en cuanto a la ejecución de los trabajos contratados.
Juan Ramón Álvarez, del área de Vía Pública de la Gerencia de Urbanismo, ha explicado que se encargó de la comprobación de algunas obras relacionadas con Fitonovo, asegurando que si por aquella etapa detectó alguna anomalía, habrá quedado constancia de ellas en las actas que levantaba tras sus comprobaciones.
UN IMPUTADO DEFIENDE SU "INOCENCIA"
Finalmente ha comparecido el empleado de la Gerencia de Urbanismo José Enrique Castro, quien se ha acogido a su derecho a no declarar al figurar como imputado en la causa que instruye la Audiencia Nacional. "Soy inocente", se ha limitado a decir. El capataz del área de Parques y Jardines Manuel Pineda Cabanillas y el jefe de mantenimiento del Parque María Luisa, Francisco Luis Huertas, estaban también llamados a declarar y ambos figuran como imputados en la causa judicial, si bien no han asistido siquiera a la sesión y es la segunda vez que se les llama.
