La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, ha iniciado una actuación de oficio dirigida al Ayuntamiento de Sevilla para pedir "más control" de la contaminación acústica de la zona de la Alameda, tras conocer a través de los medios de comunicación, que los vecinos critican la "pasividad" del Consistorio respecto al modelo y horario en que ejercen su actividad distintos establecimientos de hostelería.

   En el texto de la queja, consultado por Europa Press, el Defensor señala que tras la transformación que se llevó a cabo en este espacio con la creación de un bulevar peatonal, diversos empresarios instalaron aquí sus negocios de restauración, que "sin perjuicio de que ha creado una importante oferta para el turismo y el ocio en un lugar que antes estaba degradado en cuanto a su conservación, contaminación por el tráfico rodado, etcétera, al mismo tiempo está generando distintos problemas que han dado lugar a la protesta de una asociación de vecinos de la zona".

   Así, la Institución apunta que esta asociación de vecinos denuncia en los medios de comunicación "la contaminación acústica de algunos establecimientos de hostelería, la suciedad y la concentración de jóvenes para consumir bebidas (el botellón)". Hechos que, señala, "no han tenido una respuesta por parte del Ayuntamiento que, al mismo tiempo que debe fomentar la actividad empresarial, debe tutelar los derechos de la ciudadanía de forma que puedan ser compatibles los distintos intereses en juego y, en suma, apostar por un desarrollo económico sostenible".

   Igualmente, Maeztu recuerda que "no es la primera vez" que de estos problemas se hacen eco los medios de comunicación, ya que durante los últimos años, dice, se han visto en distintos medios titulares como: "Un bar de la Alameda acumula más de 200 denuncias por ruido desde 1996", "La fiscalía investiga tres locales de la Alameda por exceso de ruidos", "Vecinos de varios barrios se están organizando para conseguir que se respete el derecho al descanso" (entre los barrios que se mencionaban en la noticia se citaba la Alameda), o "El ruido amenaza a la recién estrenada Alameda".

   Maeztu indica que de lo expuesto por los vecinos "se desprende con claridad que no sólo no están en contra de que los establecimientos de hostelería puedan realizar su actividad, sino que, incluso, matiza que los responsables de los incumplimientos de horarios y otras normas son tres o cuatro".

   Además, precisa que esta Institución "ha verificado", con motivo de las quejas tramitadas a instancias de parte o de oficio, que "en demasiadas ocasiones son muy pocos los locales de hostelería que, a lo largo y ancho de Andalucía, violan sistemáticamente las normas, por lo que la protesta vecinal que se genera se suele concentrar en estos y no en el sector de la hostelería, como de manera errónea con frecuencia se da a entender en distintos medios".

   "No se trata de cuestionar el derecho al ocio de la ciudadanía", sino "si debemos evitar que el ejercicio ilícito de actividades relacionadas con este derecho sean toleradas cuando suponen una vulneración de derechos constitucionales", argumenta el Defensor, que añade que "básicamente el problema es siempre el mismo: algunos empresarios ejercen, de manera abusiva e ilegal la actividad inherente a sus negocios ocupando en exceso, o sin licencia, el espacio público, contando con instalaciones de música pregrabada o en vivo sin estar autorizadas para ello y, lo que es más grave, permitiendo que se emita la música a un nivel intolerable".

   Un nivel, añade, que como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Constitucional y nuestro Tribunal Supremo, "no sólo a una vulneración del derecho constitucional a un medio ambiente adecuado, sino también de los derechos, en función de la afección que genere la contaminación acústica, a la integridad física, a la protección de la salud, a la intimidad personal y familiar en los hogares y, por supuesto, al derecho al descanso".

   "Éste es el panorama en la ciudad de Sevilla, denunciado una y otra vez por las personas y asociaciones afectadas por la contaminación acústica provocada por estos establecimientos y las concentraciones de personas en su entorno y verificada por esta Institución", añade Maeztu, que ve "muy lamentable que unos pocos y excepcionales empresarios desprestigien a todo un sector incumpliendo las normas y que presta un servicio imprescindible para el ocio de la ciudadanía y el turismo, del que depende, como sabemos, gran parte de la actividad económica que se desarrolla en esta ciudad".

VE "INTOLERABLE" LA "PASIVIDAD" DE LOS AYUNTAMIENTOS

   En este sentido, la Institución destaca que "siempre apoyará" un sector empresarial comprometido con un desarrollo económico que sólo es sostenible si respeta y es compatible con los derechos reconocidos a la ciudadanía, pero "nos parece intolerable que los ayuntamientos muestren tanta pasividad y tolerancia con la falta de profesionalidad y respeto a la ciudadanía de esta minoría empresarial, por lo que demandamos, como corresponde a un Estado de Derecho, la respuesta que merece su comportamiento".

   A la vista de todo ello, el Defensor indica que ha decidido iniciar esta actuación de oficio en la que se dirige al Ayuntamiento de Sevilla para pedirle que con carácter urgente, se estudien y adopten medidas para impedir, por todos los medios legales que procedan, que, al menos los establecimientos que de manera reiterada se tiene conocimiento de que están "generando una ilegal contaminación acústica, continúen ejerciéndola de manera impune".

   También solicita que establezca un dispositivo de seguimiento de las medidas adoptadas para supervisar el funcionamiento de estos locales en los horarios en los que el ruido tiene efectos más perjudiciales para la ciudadanía, y convocar a las asociaciones de vecinos de la zona para informarles de las medidas y objetivos que se establezcan para luchar con este problema, facilitando su participación a fin de que tener en cuenta sus reivindicaciones.