Los grupos municipales de Participa Sevilla e IU-CA, junto con un colectivo de familias, han emprendido una campaña de recogida de firmas y de difusión en las redes sociales en torno a un manifiesto en el que se demanda, entre otros aspectos, que los reglamentos de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (Emasesa) prohíban expresa y específicamente cortar el suministro de agua a las personas y familias en situación de "precariedad económica" o se les niegue a estas personas el acceso al líquido elemento.
A las puertas del Ayuntamiento, los concejales de dichas formaciones han presentado este manifiesto y la campaña destinada a cosechar apoyos al mismo, en compañía de mujeres pertenecientes a varias familias desfavorecidas. En este contexto, el portavoz municipal de IU-CA, Daniel González Rojas, avisa de que Emasesa está siendo utilizada no como una empresa pública de suministro de agua, sino "como un elemento de poder, para generar beneficios y que los alcaldes usen el dinero (de la empresa metropolitana) para convenios de patrocinios como el del 'Mapping' de Sevilla".
Además, avisa de que frente al discurso institucional de que "a nadie" en dificultades económicas se le cierra el suministro de agua, "la realidad es que en Sevilla y los pueblos (abarcados por Emasesa) se corta el agua a las familias".
Cristina Honorato, concejal de Participa Sevilla, ha dicho a Europa Press, precisamente sobre ese aspecto, que su fuerza política contabiliza "unos 15 casos" en Sevilla de familias en dificultades económicas que carecen de suministro de agua, advirtiendo de que más allá de las medidas acordadas en la materia, lo cierto es que "no hay publicidad" sobre los recursos habilitados en este ámbito. "La ciudadanía no sabe que hay un millón de euros en ayudas para casos de impago del agua por dificultades económicas", ha dicho reclamando campañas institucionales de difusión.
Una portavoz de las familias desfavorecidas que no tienen acceso al suministro de agua, de su lado, ha expuesto su caso personal, explicando que tras caer en una situación socioeconómica desfavorable, se vio obligada a "ocupar una vivienda" que habita desde hace ya tres años. "Pude contratar la electricidad y empadronarme, pero nunca me han dejado hacer la contratación del agua", ha lamentado relatando numerosas gestiones y solicitudes ante Emasesa.
Asegurando que ha intentado "de todo" ante la empresa metropolitana, sin obtener éxito, ha narrado las penalidades que afronta al vivir sin agua corriente. "Llevo agua a casa con garrafas, yendo a las fuentes de los parques, que no están cerca, y reutilizo el agua que usamos para el baño, para lavar los trapos", ha detallado, un tanto emocionada. "La Caixa me está tramitando un alquiler social. Yo lo que quiero es pagar (el agua), pero no me dejan", ha lamentado avisando de que no son pocas las familias en su misma situación.
Y después de que el pleno del Ayuntamiento aprobase ya en septiembre la adhesión al Pacto Social por el Agua, e instar a Emasesa a modificar sus estatutos para incorporar la imposibilidad de cortar el agua a familias con extrema necesidad e incluir criterios sociales y bonificaciones a familias en riesgo de exclusión social, el mencionado manifiesto "por el derecho humano al agua", recogido por Europa Press, comprende siete medidas.
Entre estas medidas figura revisar el reglamento de Emasesa para incluir "la prohibición de cortar el suministro de agua a aquellas personas que acrediten encontrarse en situación de precariedad económica", que no se niegue el acceso al agua potable a tal tipo de personas, tasas "atendiendo al nivel de renta de cada familia" o agilizar los trámites relativos a las ayudas contra la "pobreza hídrica".
