El pleno de la Diputación de Sevilla, reunido este jueves en sesión ordinaria, ha aprobado por unanimidad una moción, en la que la institución se compromete a firmar convenios de colaboración con la Junta de Andalucía y el Estado, en el ámbito de las infraestructuras educativas, con el objetivo de "resolver las necesidades de la provincia", que suma más de medio centenar de prefabricadas o caracolas.

La moción, defendida por la portavoz del Partido Popular en la Diputación de Sevilla, Virginia Pérez, achaca numerosas incidencias en materia educativa, culpando de ellas a la Junta de Andalucía, y recuerda que el actual curso escolar arrancó con 61 aulas prefabricadas o "caracolas" en los centros educativos de la provincia, extremo que afecta a "cerca de mil" alumnos.

Todo ello cuando, según los populares, entre 2012 y 2015 la Junta de Andalucía ha dejado de invertir unos cien millones de euros en las infraestructuras educativas de la provincia de Sevilla, por "sucesivos recortes en el presupuesto autonómico y su falta de ejecución en la materia". Por eso, la moción, recogida por Europa Press, proponía firmar un convenio con la Consejería de Educación, para "actuaciones urgentes" que contemplase "fundamentalmente la retirada de todas las aulas prefabricadas", así como las "dotaciones y equipamientos educativos necesarios para asegurar la igualdad y condiciones de estudio necesarias a todos" los alumnos.

Mientras Virginia Pérez ha defendido esta moción recordando que la Diputación tiene más de 150 millones de euros "en los bancos" y podría colaborar en la erradicación de las aulas prefabricadas, tanto el PSOE, como IU-CA y como Participa Sevilla han criticado, insistentemente, que los populares reclamen mejoras en los centros educativos, después de que el Gobierno central del popular Mariano Rajoy promulgase la controvertida Ley de mejora de la calidad educativa (Lomce) y redujese los fondos globales para becas, entre otros aspectos, toda vez que las fuerzas de oposición también han criticado las deficiencias de la política educativa de la Junta de Andalucía.

Los socialistas, además, han recordado que la Diputación carece de "competencias" en materia educativa, precisando que son 55 las aulas prefabricadas y proponiendo una enmienda de sustitución a la propuesta del PP. Tras aceptar el PP dicha enmienda, el pleno ha aprobado "firmar convenios de colaboración con la Junta de Andalucía y el Estado, en el ámbito de las infraestructuras educativas, con el objetivo de resolver las necesidades de la provincia". Virginia Pérez, al respecto, ha valorado la "declaración de intenciones", reclamando su puesta en práctica.