El Presupuesto para 2017 de la empresa metropolitana de aguas (Emasesa), de la que el Ayuntamiento de Sevilla es el accionista mayoritario, se regirá por el principio de la sostenibilidad social conforme a las directrices del gobierno de Espadas. Se aplicarán cinco medidas, entre ellas el mantenimiento del suministro a las familias en riesgo de exclusión, que podrían tener un efecto directo o indirecto superior a los 1,6 millones de euros.
La Comisión Ejecutiva de Emasesa, en sesión celebrada el pasado 21 de septiembre, analizó las bases del Presupuesto para el ejercicio de 2017, así como de los criterios generales para confeccionar las memorias económicas de las tarifas de abastecimiento y saneamiento y de la modificación de la normativa reguladora. Elevó al Consejo de Administración, para su aprobación y remisión al Ayuntamiento de Sevilla, la adopción de, entre otros, cinco medidas de calado social.
La primera es la no suspensión por impago del suministro doméstico a hogares en situación de emergencia social acreditada. Ello requerirá de unos recursos estimados en 300.000 euros para la atención presencial y telefónica a estas familias, cuyo número se aproxima a las dos mil tras el estallido de la crisis económica en el año 2008. En la práctica, esta medida supone la implantación y el reconocimiento en Sevilla del derecho al agua, ya que ningún hogar sufrirá la falta de este elemento esencial para la vida aunque no disponga de recursos para abonarlo.
Esta medida va en línea con la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 28 de julio del año 2010, según la cual el acceso a fuentes de agua potable y segura, como también el saneamiento, son un derecho humano esencial para el goce pleno de la vida y de todos los derechos humanos.
Regulación de consumos
La segunda es la regulación de consumos facturados afectados por avería o fuga (salidero), a petición del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu. De esta manera se traslada a la normativa reguladora el procedimiento interno aprobado por el Consejo de Administración de Emasesa y en virtud del cual se venían rectificando facturas afectadas por fugas ocultas y que suponían un mayor gasto para los ciudadanos.
Hasta ahora, la norma imponía que todo titular de un contrato de suministro de agua y/o saneamiento estaba obligado a abonar el importe de los consumos efectuados con arreglo a los precios vigentes en cada momento aun cuando el consumo se hubiese efectuado por fugas o averías, defectos de construcción o conservación de las instalaciones interiores…
La adopción de este acuerdo supondrá para Emasesa un menor ingreso de 500.000 euros.
En tercer lugar, baremar los importes de préstamo social para la individualización de contadores y adecuación de redes interiores (plazos de hasta veinte años), para lo cual hay un fondo disponible superior a los 400.000 euros.
Además, se acuerda flexibilizar el pago de los suministros domésticos a las comunidades de vecinos dotadas con contador general. Estas podrán pagar cada factura trimestral en tres plazos mensuales una vez recibida aquélla. El coste máximo de esta medida podría ascender a unos 200.000 euros si lo solicitaran todas las comunidades abonadas a Emasesa.
Por último, se aumentan los incentivos a la individualización de contadores revisándolos en un 30%, lo que supone una ayuda mínima de 120 euros por vivienda. Esta medida está dotada con 205.000 euros e incluso podría incrementarse en función de la demanda.
