Una mujer ha ingresado este viernes en prisión para cumplir la condena de cuatro años de cárcel que le impuso la Audiencia Provincial de Sevilla, en una sentencia confirmada el pasado mes de julio por el Tribunal Supremo, por obligar a dos mujeres a prostituirse bajo la amenaza de que, de no hacerlo, les contaría a sus amigos y familiares que se prostituían.
De este modo, y según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Sección Primera de la Audiencia Provincial ha hecho este viernes efectiva, mediante su ingreso en prisión, la pena de cuatro años que impuso en diciembre de 2015 a la acusada, identificada como A.A.A., por dos delitos de prostitución coactiva.
En un auto fechado el 21 de julio, al que ha tenido acceso Europa Press, el Supremo confirmó la condena impuesta a la acusada por la Audiencia Provincial, que también condenó a su pareja sentimental a ocho meses de cárcel por un delito contra la seguridad vial y al pago de una multa de 90 euros por una falta de daños.
En enero de 2013, una de las víctimas, que se encontraba en situación irregular en España, vio en Internet un anuncio en el que la acusada ofrecía un puesto de trabajo en una vivienda, por lo que se puso en contacto con ella y aceptó el trabajo, "advirtiendo desde el principio que en dicha vivienda se ejercía la prostitución".
De este modo, la afectada desarrolló su trabajo "con normalidad" hasta el mes de marzo, cuando la imputada consiguió acceder a las fotos íntimas que ésta guardaba en su teléfono móvil, momento a partir del cual la encausada le ofreció la posibilidad de incrementar sus ingresos si accedía a mantener relaciones sexuales con clientes.
La víctima se negó a ello, momento en el que la acusada "le hizo saber que había descargado sus fotografías íntimas en su ordenador para conminarla a mantener encuentros sexuales, evitando de esta manera que la recurrente difundiera entre sus amigos y familiares que se dedicaba a ejercer la prostitución".
"Con el fin de evitar la humillación de ver su rostro publicado, como le anunció la acusada, y confundida por las consecuencias de su situación de irregularidad en España", la afectada no formuló denuncia, ejerciendo la prostitución "obligada" por las circunstancias descritas desde marzo hasta abril de 2013, meses en los que la encausada "se encargó de concertar citas con los clientes, fijar el precio de los servicios que ofrecía y el porcentaje que le correspondía por cada servicio".
FOTOS EN INTERNET
En abril, la afectada abandonó la vivienda, comenzando a recibir mensajes de la acusada "conminándola para continuar en el ejercicio de la prostitución, advirtiéndole" de las consecuencias ya indicadas si no accedía a su petición, en uno de los cuales le decía 'nunca olvides que tengo todas tus fotitos en mi ordenador así que paga morosa'.
Tras ello, la acusada publicó el 27 de mayo de 2013 a través de su ordenador personal un anuncio en Internet en el que mostró el rostro de la denunciante "ofreciendo servicios sexuales con un contenido denigrante que causó una profunda aflicción" a la denunciante al tener conocimiento del mismo por la llamada de una amiga, lo que determinó su decisión de formular denuncia por estos hechos ese mismo día.
La segunda de las víctimas, vecina de Dos Hermanas, contactó también a través de Internet con la acusada, quien por este medio le ofreció un puesto de trabajo doméstico en una vivienda, tras lo que la afectada comenzó a realizar labores de limpieza en el inmueble, advirtiendo "desde el principio" que en el mismo se ejercía la prostitución.
Así, y cuando le hizo saber a la condenada su intención de abandonar el trabajo que desarrollaba, ésta le comunicó "que había conseguido datos de su pareja e hijos, con el fin de disuadir a ésta de su intención", por lo que la denunciante, "temiendo que la acusada pudiera divulgar o poner en conocimiento de sus amigos y familiares que trabajaba en una vivienda donde se ejercía la prostitución", decidió acceder, en principio, a dar masajes a los clientes.
Finalmente, y durante más de un mes, "se vio obligada a mantener contactos sexuales con los clientes" que la acusada le proponía a cambio de un precio que también fijaba ésta, "hasta que la situación que sufría se hizo completamente insoportable" y decidió marcharse y formular denuncia el día 5 de junio de 2013.
LA ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL
A raíz de estas denuncias, la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe inició una investigación, con autorización del Juzgador instructor para intervenir las comunicaciones telefónicas de los terminales utilizados por la acusada y también por su compañero sentimental, "investigado en esa fecha por su presunta participación como asociado de la recurrente en la explotación de las prostitución de mujeres y por suministro de sustancias estupefacientes".
De la información obtenida a través de esta escucha autorizada, los agentes albergaron la sospecha de que el acusado iba a participar en una transacción de droga, por lo que decidieron desplazarse hasta las inmediaciones del Hospital San Juan de Dios de Bormujos donde supuestamente se realizaría.
Una vez allí, el imputado estacionó el vehículo en el lugar indicado, acercándose un agente de la guardia civil a la ventanilla del conductor e identificándose como tal verbalmente mientras otro se dirigía a la puerta delantera derecha vehículo.
El acusado, al advertir la presencia de la Guardia Civil, aceleró "bruscamente" el turismo y se dio a la fuga "con las puertas abiertas y a gran velocidad, poniendo en peligro la integridad física de los agentes y de los usuarios que circulaban por la vía, que tuvieron que esquivar el vehículo para evitar la colisión, logrando finalmente darse a la fuga".
En la mañana del 13 de julio de 2013, el acusado fue detenido, de manera que, durante el traslado hasta la Comandancia de la Guardia Civil en el vehículo camuflado, "desplegó una conducta agitada a consecuencia de las sustancias estupefacientes previamente ingeridas que limitaban su normal capacidad intelectiva y volitiva", lanzando golpes contra la ventanilla derecha del vehículo hasta romper el cristal y causando daños en el vehículo policial tasados en 398,60 euros.
