La sección hispalense del Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) denuncia que el Ayuntamiento permita a ciertos altos cargos del cuerpo de Bomberos realizar más horas extra de las permitidas o marcadas por la normativa europea, productividades que suponen sueldos desorbitados con extras de hasta 40.000 euros anuales en las nóminas de estos cargos.
Según explican a Viva Sevilla desde el SAB, la Directiva Europea 2003/88/CE que establece el calendario laboral de los bomberos con los turnos de descansos para los trabajadores nocturnos, señala que el horario máximo de trabajo permitido para este cuerpo (con las productividades incluidas) sería de 48 horas.
Sin embargo, desde el SAB señalan que en enero de 2017, por ejemplo, los siete Jefes de Guardia realizaron un total de 576 horas extraordinarias del total de las 744 horas de trabajo. Es decir, que de los 31 días que tuvo el mes de enero 24 se cubrieron con horas extra.
Desde el SAB indican que si se extrapolan estos datos al 2016, implicaría que cada uno de estos siete Jefes de Guardia habría realizado una media de 1.00o horas extra al año, proporcionándoles una media de 40.000 euros anuales extra.
Además, un informe del propio Coordinador General de Hacienda del Ayuntamiento indica que en 2016 se realizaron 93.000 horas extra, argumento con el que después Recursos Humanos de manera unilateral, rebajó el precio de las productividades para poder cumplir con los presupuestos y “sorprendentemente no impidió que se hicieran ese número desorbitado de horas extra”, indican desde el SAB.
Para el jefe de la sección hispalense del SAB, Manuel Poo, el problema radica en que el Ayuntamiento consienta que se realicen horas extra “fuera de lo permitido por directrices europeas para proteger la salud de los trabajadores”, algo que no sucedería si el Consistorio adecuara el calendario laboral a la normativa europea.
El SAB ya elevó el pasado 21 de febrero a los juzgados una denuncia penal ante las supuestas acciones promovidas por los responsables del Gobierno local socialista para “evitar” presuntamente cumplir con los acuerdos en torno a la jornada laboral acordadas en Pleno el 25 de septiembre de 2015.
