El XXV aniversario de la Expo’92 se está conmemorando con un exceso de almíbar y discursos oficiales en que se proyecta una imagen triunfalista y luminosa del gran evento y de sus artífices, sin ninguna sombra, ninguna mácula. Nadie puede negar la enorme transformación en urbanismo e infraestructuras que para Sevilla, y más aún para Andalucía, supuso la Muestra Universal, pero ello no puede servir para tratar de extender un manto de silencio sobre los aspectos negativos, que también se produjeron.

Nadie ha querido acordarse del dictamen del Tribunal de Cuentas sobre la Exposición en el que constataba, por ejemplo, el frenesí de las adjudicaciones directas de la Organizadora. Pellón dio a dedo 1.844 contratos por valor equivalente a 258,4 millones de euros, con lo que la quinta parte del dinero gastado por la Sociedad Estatal escapó a cualquier tipo de concurso público. Dragados, el grupo constructor del que él procedía, batió el récord, con 22 adjudicaciones directas. Por su parte, la legión de asesores y consultores percibió más de 52 millones de euros, de los que más de 12 millones fueron mediante contratos a dedo.

De forma absurda, especialmente por la promesa de Olivencia del “balance cero” (que la Expo del 92 no tuviera pérdidas, al contrario que la del 29) se intentó maquillar el sobrecoste  y el déficit del evento, imputando activos por doquier. La Sociedad Estatal presentó unos supuestos beneficios equivalentes a 107,7 millones de euros (entonces no existía el euro, sino la peseta). Cuatro años después, el Tribunal de Cuentas concluyó que en realidad se habían perdido el equivalente a 222,6 millones de euros.

Casos oscuros

Podríamos recordar, entre tantísimas historias, cómo Participantes en la Muestra se fueron de la Cartuja al final de la misma dejando deudas por valor de 18,5 millones de euros; que lo de los cursos de formación de la Junta de Andalucía viene de lejos, ya que otorgó subvenciones por valor de 1,2 millones de euros a empresarios canadienses para que formaran a 1.200 jóvenes andaluces parados y que fueran contratados en la Expo, pero se largaron con el dinero y todavía hoy siguen en paradero desconocido; que 200.000 pins de la Expo que costaron el equivalente a 721.000 euros jamás se vendieron y acabaron almacenados en sacas de Correos; que el conocido empresario Enrique Sarasola adquirió en la subasta de la Expo material por el equivalente a 450.000 euros, cuando valía 4,2 millones; que la Expo pagó 600.000 euros para los bocadillos de los jubilados que enviaba la Junta de Andalucía a la Cartuja a través del Instituto Andaluz de Servicios Sociales, dependiente entonces de la consejera Carmeli Hermosín, ahora simpatizante de Pedro Sánchez en la guerra interna del PSOE…

Podríamos recordar numerosos casos digamos  tan “oscuros” como los citados, recuerdo que resultaría ahora políticamente incorrecto, aunque tampoco es nuestro propósito, sino simplemente poner un contrapunto a las fanfarrias actuales, porque no todo fue color de rosa entonces, como ahora tratan de hacernos creer. Esa, pues, es la primera desmitificación que hay que hacer: luces, muchísimas, pero también sombras.

El objetor Arzalluz

Otro de los mitos que hay que contrarrestar es el de que la Expo fue un privilegio único y exclusivo de Sevilla por el que ha habido que pasarle factura en estos veinticinco años en forma de menos inversión pública del Estado y de la Junta, para compensar de esa manera  al resto de regiones y provincias ante el “exceso” de dinero dedicado a la capital hispalense con motivo de la Expo’92.

Así, por ejemplo, tras su elección como presidente del Partido Nacionalista Vasco en enero de 1992, Xabier Arzalluz calificó de “impresentable e imperdonable la inversión de dos billones de pesetas (equivalentes a 12.000 millones de euros) en la Expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y Madrid capital europea de la cultura, cuando lo que España necesita urgentemente en estos momentos son infraestructuras, una red telefónica y un servicio de Correos que funcionen y no grandes y efímeros shows”.

Otros políticos nacionales, y andaluces, han expresado con diferentes palabras la misma idea en este cuarto de siglo de que si Sevilla no ha tenido ya suficiente con la Expo como para atreverse a pedir algo más.

Arzalluz reclamaba infraestructuras en lugar de la Expo como acontecimiento efímero sin reparar en que para el Gobierno que dirigían dos sevillanos y andaluces, Felipe González y Alfonso Guerra, la Exposición, en tanto compromiso asumido por España ante la comunidad internacional, era el pretexto ideal para justificar una operación de muchísima mayor envergadura y que no habría podido acometerse políticamente en circunstancias ordinarias y en un corto lapso de tiempo: tratar justamente de saldar el déficit histórico en infraestructuras (carreteras, aeropuertos, líneas ferroviarias, telecomunicaciones…) que sufrían Sevilla y Andalucía, sin las cuales no podían aspirar a equipararse al resto de España y a salir del subdesarrollo.

Reparto del dinero

¿Cuánto dinero de esos supuestos 12.000 millones de euros de los que hablaba Arzalluz recaló realmente en Sevilla para el 92? Se han dado muchas y dispares cifras, en función de lo que se imputara o no a la Expo y a  sus preparativos. Por mi parte, recordaré las que de fuentes fiables recopilé todavía en caliente en 1993, al cumplirse un año de la clausura, cuando estaban aún recientes las facturas.

Las inversiones en la isla de la Cartuja ascendieron al equivalente a 1.674.461.793 euros, de los que los países participantes aportaron 600 millones, en su mayor parte en pabellones efimeros que fueron demolidos, no por gusto, sino porque así lo imponía en Reglamento del Buró Internacional de Exposiciones para que no se le dejara un “marrón” al país organizador. Por su parte, las empresas participantes aportaron 300 millones de euros, y el Gobierno de España, a través de la Sociedad Estatal para la Expo u Organizadora, 772.943.637 euros. Estos 773 millones de euros en números redondos fueron los que realmente aportaron de sus bolsillos los contribuyentes españoles.

A esta cifra hay que añadir las inversiones en Sevilla pero fuera de la isla de la Cartuja, como las rondas, los puentes, la ampliación del aeropuerto, la estación de Santa Justa, la modernización de las telecomunicaciones y de la red ferroviaria….y que ascendieron al equivalente a 1.551.959.299 euros. Así pues, los contribuyentes aportaron a Sevilla con motivo de la Muestra  (en la Cartuja y extramuros) un total de 2.324.902.936 euros (2.235 millones en números redondos).

Con el pretexto de la Expo, el Gobierno y la Junta invirtieron además en el conjunto de Andalucía el equivalente a 4.845.892.683 euros en infraestructuras como la línea del AVE, la autovía de la Costa del Sol, la autovía de Andalucía, la ampliación de los aeropuertos de Málaga y Jerez…

El doble que en Sevilla

La conclusión, por tanto, es que en el resto de Andalucía se invirtió el doble que en Sevilla con motivo de la Expo. En el caso de la provincia de Málaga, sólo entre la autovía de la Costa del Sol y la de Málaga a Antequera se invirtieron el equivalente a 616.379.983 euros. A ello habría que añadir la mitad de la inversión de mejora de la línea férrea Sevilla-Costa del Sol, que ascendió a 96.161.936 euros (por tanto, la mitad serían 48.080.968 euros) y, sobre todo, la entonces nueva terminal del aeropuerto malagueño con diseño del arquitecto-estrella Ricardo Bofill. Fue bautizada con el nombre del pintor Pablo Ruiz Picasso e inaugurada el 30 de noviembre de 1991.Costó el equivalente a 75.937.879 euros. Esa terminal permitió que Málaga diera un gigantesco salto aeroportuario, al pasar de una capacidad de acogida de menos de 5 millones de viajeros a casi 12 millones.

Por tanto, de cara a la Expo’92, como se decía antaño, la provincia de Málaga se benefició de inversiones en infraestructuras valoradas en 740.398.830 euros, cifra casi equivalente a los 773 millones invertidos por el Gobierno en la isla de la Cartuja. Málaga, a su manera, también tuvo su Expo en el 92.

Subvenciones silenciadas

Hemos visto que las inversiones estatales en toda Andalucía, Expo y Sevilla incluidas, ascendieron al equivalente a 7.943.739.256 euros (8.000 millones en números redondos), un dinero en infraestructuras que ha beneficiado al conjunto del país y no sólo a nuestra comunidad, como demuestra el AVE (aun así, y pese a tal inversión, Andalucía no alcanzó la media de las infraestructuras del conjunto del Estado).

Pues bien, según un informe de Deloitte, sólo hasta 2010 el Gobierno español había destinado en ayudas a las fábricas automovilísticas, la mayoría de ellas sitas en la mitad Norte, 5.168 millones de euros, la cuarta cifra más grande en el mundo.

En mayo de 2012, el entonces ministro de Industria, Juan Manuel Soria, reveló en el Senado que desde 1990 el Gobierno había concedido por medio de cuatro planes específicos 24.000 millones de euros en ayudas y subvenciones al contaminante carbón de las cuencas hulleras del Norte, a una media de 1.090 millones anuales (y ello sin contar los 2.500 millones de euros en prejubilaciones aceleradas de 15.000 mineros).

Tan sólo las ayudas al carbón, sin las prejubilaciones, triplican lo invertido en Andalucía para el 92 y son diez veces superiores a todo lo que se invirtió en Sevilla por aquel entonces, pero en estos veinticinco años sólo se ha recordado el dinero dedicado a la Expo, como si no hubiera existido nada allende Despeñaperros.