El alumnado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla podrá realizar prácticas curriculares en los juzgados y tribunales de la comunidad autónoma gracias a un convenio firmado por la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Ministerio de Justicia y la institución universitaria hispalense.
Según informa el departamento que dirige Rosa Aguilar en un comunicado, las prácticas podrán ser realizadas por los universitarios matriculados en la asignatura de prácticas académicas de estudios oficiales de grado o máster relacionados con la Administración de Justicia que imparte la Universidad de Sevilla.
Las tareas que llevarán a cabo los alumnos en prácticas se ajustarán a las necesidades organizativas establecidas por los tutores y que contribuyan a desarrollar el trabajo que se desarrolla habitualmente en los juzgados.
No obstante, el convenio prevé que el acceso de los universitarios en prácticas a las actuaciones judiciales se produzca en la medida que lo permita la situación del procedimiento judicial, si está bajo la declaración o no de secreto de sumario y salvaguardando en todo momento el deber de reserva y la identidad de las partes implicadas.
EL JUZGADO DESIGNARÁ UN TUTOR
El alumnado que hará las prácticas será propuesto por la Universidad, mientras que el órgano jurisdiccional u oficina judicial se encargará de decidir la labor que desarrollará dentro un plan de trabajo. Para ello, el juzgado designará un tutor que será el responsable de orientar al alumno y evaluar su actividad.
La colaboración que prestan tanto el CGPJ como la Junta de Andalucía para el desarrollo del convenio estará supeditada a la disponibilidad y necesidades donde se lleven a cabo las prácticas curriculares.
Una vez terminadas las prácticas, cuya duración determinará la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, el alumnado recibirá un certificado expedido por el juzgado o el tribunal donde constarán las horas realizadas, la naturaleza de las actividades ejecutadas y el nivel alcanzado de acuerdo con la valoración de la tutoría del órgano judicial.
