El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha pedido este viernes que no se haga "confrontación ni batallita política" del acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acerca de los ahorros de los ayuntamientos, tras la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los consistorios.
En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Espadas ha señalado que es inevitable que estas cuestiones se acaben convirtiendo "en una nueva confrontación".
Ha señalado que el mundo del municipalismo siempre ha tenido claro que había que cambiar el marco legal "enormemente restrictivo que nos dejó la crisis anterior y donde se tomaban decisiones que significa restringir la autonomía de los ayuntamientos, entre otras cosas, respecto a qué se hacía con su superávit".
Sin duda, según el alcalde de Sevilla, es muy llamativo que un ayuntamiento tenga sus cuentas saneadas, con ahorros, y que no los pueda invertir en su ciudad. Ese es, según ha recalcado, el problema de fondo que es consecuencia de una ley orgánica que "habría que cambiar cuanto antes".
Mientras ello no ocurre, según ha expuesto, el Gobierno central ha planteado, ante la imposibilidad de poder usar el superávit sin ningún tipo de cortapisas por parte de los ayuntamientos, que esos ahorros se puedan usar en una operación financiera en la que el Estado asume el déficit y la posibilidad de utilizar los ahorros, sin que ello suponga "merma" alguna para los consistorios y que se va a devolver en los próximos años.
Concretamente, el Gobierno ofrece a los ayuntamientos una aportación de los Presupuestos Generales del Estado de 5.000 millones de euros a fondo perdido (2.000 para este año y 3.000 para el próximo) siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, que los devolverá en un plazo de 10 años a partir del 2022.
"Es un planteamiento que desbloquea el uso de esos ahorros, que no se podían utilizar, salvo con formulas como la que ha planteado el Gobierno central", según Espadas, quien ha apoyado esa propuesta aunque no sea la "mejor de la mejor de las opciones", porque la mejor sería que no hubiera una ley orgánica que impide que los ayuntamientos puedan usar sus ahorros para generar empleo e inversión.
En cualquier caso, ha insistido en que lo que plantea el Ejecutivo nacional es "una buena operación y debemos dejarnos de confrontación y de engañar a la gente y no hacer de esto una nueva batallita política".