El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento de Sevilla, Beltrán Pérez, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Andalucía, de la que depende la Policía Nacional, un plan específico de lucha contra las plantaciones de marihuana en viviendas por el impacto de las mismas en el suministro de electricidad a los barrios, pues las interrupciones en el abastecimiento energético han coincidido con la reciente ola de frío.
Pérez ha señalado que "la proliferación de este tipo de invernaderos, especialmente en los entornos de los barrios con mayores situaciones de emergencia social, está provocando constantes interrupciones en el suministro, lo que está dejando a numerosas familias desprotegidas ante la bajada de las temperaturas de la última semana", sucediendo además interrupciones energéticas en entornos donde no media la práctica de los cultivos interiores de marihuana.
Y es que cada uno de estos cultivos demanda una potencia que equivale al consumo de 80 viviendas, según se desprende de un estudio aludido por el PP. "Además, pone en grave riesgo a los que operan en la misma, a sus vecinos y a su entorno físico por electrocución, deflagración o incendio", explica Beltrán Pérez.
Por eso, ha solicitado a la Delegación del Gobierno que establezca con la Policía Nacional "un plan de lucha contra las plantaciones de marihuana y que este cuente con el apoyo de la Policía Local". "Es inaceptable que, a estas alturas, el alcalde no haya liderado ninguna iniciativa que lleve a rastrear y detener el funcionamiento de estas plantaciones cuyas consecuencias son realmente graves para la población", ha opinado.
Ha insistido igualmente en que esta situación tiene más incidencia en los barrios de mayor emergencia social integrados en la lista de los barrios más pobres de España. "Por desgracia, Sevilla está empezando a ser conocida como una gran productora de marihuana. Situación que se añade a los graves problemas de seguridad en incremento y falta de policías", indica el portavoz.
Por otra parte, ha agregado que este tipo de invernaderos daña las instalaciones eléctricas, que al tener que ofrecer más potencia de la prevista en los contratos de los clientes se sobrecalientan, produciendo cortes de suministro y teniendo que ser constantemente renovadas.
"Esto provoca un retraso en la reparación de averías, debido a la dificultad que encuentran los técnicos para detectar el punto que las provoca, perjudicando así a la calidad del servicio, de los vecinos del entorno donde se ha cometido el fraude. Además, impide prever el suministro adecuado y provoca un aumento de la factura eléctrica para sus vecinos".
"No podemos permitir que las familias de los entornos más vulnerables sean las que paguen la factura de los delincuentes", señala el portavoz popular, al tiempo que exige al alcalde, Juan Espadas (PSOE), liderar "una ofensiva contra los que, por su irresponsabilidad, están censurando el bienestar de miles de familias sevillanas".
