La Guardia Civil ha detenido a una persona e investiga a otras tres tras hallar en un establecimiento abierto al público y en un local-almacén de la localidad de Illueca (Zaragoza), más de 1.200 kilogramos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano. Son presuntos autores de un delito contra la salud pública, entre otros.
Ha llevado a cabo la detención el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Zaragoza, en colaboración con el Servicio Provincial del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón, en el marco de la 'Operación Pizca'.
Tras encontrar indicios de que se pudieran estar marcando piezas de carne con sellos sanitarios de mataderos dados de baja en el registro correspondiente, así como de que se estuvieran realizando labores de sacrificio en lugares no autorizados para ello, en marzo de 2023 se inspeccionaron tanto este establecimiento como el local-almacén.
En el establecimiento abierto al público se detectaron diversas deficiencias sanitarias, además de 36 kilogramos de productos cárnicos no aptos para el consumo humano.
En el local-almacén se observaron útiles propios de la labor de sacrificio, así como cámaras frigoríficas, congeladores y hasta 1.200 kilogramos de productos cárnicos de diversa índole, los cuales no estaban identificados o no existía documentación acreditativa que justificase la trazabilidad de los mismos.
En ambos casos, los productos fueron dictaminados por los Servicios de Sanidad como no aptos para el consumo humano, tal y como ha informado la Guardia Civil de Zaragoza.
La Guardia Civil atribuye al detenido y a los tres investigados varios delitos: contra la salud pública, falsedad documental, desobediencia a la autoridad o sus agentes, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a grupo criminal.
Durante la 'Operación Pizca', se localizó e intervino un sello de marcado sanitario perteneciente a un matadero y que estaba siendo utilizado de manera fraudulenta en algunos de los productos encontrados.
Además, este establecimiento no estaba autorizado para la labor que realizaba, ni tenía suministro de agua y luz en el momento de la inspección, comprobándose después que, además, se estaba cometiendo un presunto delito de defraudación de fluido eléctrico.
