Nuclenor ha decidido anticipar el cese definitivo de la nuclear de Garoña (Burgos), por lo que se va a proceder a desconectar la central de la red eléctrica a las 23.00 horas para trasladar el combustible del núcleo a la piscina de almacenamiento con la que cuenta la instalación.
La propietarias de la central burgalesa --Iberdrona y Endesa-- han argumentado esta decisión en el impacto que tendría en la empresa continuar su actividad con la entrada en vigor del Proyecto de Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y, en particular, en lo que se refiere a los nuevos impuestos sobre la producción eléctrica y el combustible nuclear gastado.
Para Nuclenor, en caso de aprobarse el citado proyecto de ley con su redacción actual, Garoña debería hacer frente a impuestos adicionales en 2013 valorados en 153 millones de euros, lo que "incrementaría" las "actuales pérdidas" económicas hasta el punto de llevar a Nuclenor a entrar en causa de "disolución y en situación concursal".
No obstante, la empresa ha aclarado que el cese definitivo de la explotación, antes del 31 de diciembre, podría revertirse, si no se acabase promulgando la Ley o si, una vez promulgada, las condiciones impuestas variasen sustancialmente respecto del Proyecto de Ley actualmente en trámite.
Ante esta decisión, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha exigido a la empresa que explique de forma "muy clarita" sus cuentas ante el argumento de no rentabilidad esgrimido para aclarar la clausura del centro, al tiempo que ha confiado en que la decisión no sea una represalia al Gobierno por su política energética.
Herrera ha insistido en que la decisión "puede y debe aún evitarse", ya que "sería un gran error y un enorme perjuicio social y económico" si se ejecuta en las actuales circunstancias de crisis, al tiempo que e ha pedido al Gobierno que estudie seriamente su propuesta de fiscalidad. "El Ministerio de Industria no puede despachar este punto desde el solo silencio administrativo".
Asimismo, el presidente de Castilla y León ha considerado que el argumento de la nuclear es "preventivo" y ha reclamado que en la decisión final y tanto desde la responsabilidad empresarial como desde la pública se tenga "muy presente" el patrimonio que representa en la zona del Ebro burgalés los 1.000 empleos que "van a perderse" si no hay futuro para que una empresa que "puede y debe ser viable y rentable".
