En este sentido, este sindicato solicitó a la Junta de Jueces la puesta a disposición de todos los funcionarios de dichas autorizaciones, mediante un escrito firmado por todos los funcionarios de la sede. Según explican, la Junta de Jueces alega que ellos carecen de la competencia para la distribución de las mismas, “al tiempo que siguen haciendo uso de ellas”. “Parece un contrasentido que si reconocen su falta de competencia para la distribución continúen disfrutando de aquello que ellos mismos se han adjudicado”, explican.
Por su parte, el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, denuncian, “en lugar de atender a las solicitudes de los funcionarios y de este sindicato, que presentó en primer lugar cuarenta solicitudes individuales de concesión de autorización y tras ello un escrito, suscrito por la totalidad de los funcionarios, reclamando la ampliación de espacio y la concesión de autorizaciones, está manteniendo una actitud de agresión constante multando y retirando los vehículos de los funcionarios, aún cuando acreditan su condición de personal de los Juzgados de manera fehaciente”. Así, las autorizaciones, en opinión de SPJ-USO, “deben atribuirse atendiendo a los criterios de igualdad, racionalidad y eficacia que vinculan a todos los poderes públicos, no gozando, ni Ayuntamiento ni Jueces, de la facultad para su adjudicación, que debería corresponder al titular de la distribución de medios materiales a los Juzgados en la provincia, que no es otro que la Delegación de Justicia y Administración Pública de Almería, quién debería, como ya ha hecho en anteriores ocasiones, ponerlas a disposición de todos los funcionarios, de todos sin discriminación”.
Por ello, “solicitamos tanto al Ayuntamiento de Roquetas de Mar como a la Junta de Jueces que depongan su actitud más cercana a regímenes anteriores que a lo demandado por un estado democrático en el que se respete el principio de igualdad y no se concedan privilegios a determinadas ‘clases’”.
