La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha afirmado que "todas las comunidades autónomas y Andalucía también, deberían tener especial cuidado en la transparencia con los dineros públicos", en relación a la orden ministerial que ultima su departamento y que les impondrá la obligación de certificar mes a mes y año tras año en qué gastan los fondos que reciben del Estado para dependencia.

   "Simplemente se les pide saber cuáles son los datos y que a finales de año se diga exactamente cómo se ha utilizado el dinero de los contribuyentes en atención a la dependencia", ha argumentado en la rueda de prensa posterior al Consejo Territorial del ramo en el que ha sometido a votación esta propuesta.

   La iniciativa ha recibido los votos negativos de Andalucía, Asturias y Cataluña, cuyas representantes han declarado a los medios que el sistema es "excesivamente intervencionista", representa "una dificultad añadida" para la gestión de la Dependencia y supone una "fiscalización" por una aparente "desconfianza".

   Para Mato, sin embargo, "es conveniente que se haga, máxime cuando el Tribunal de Cuentas detectó irregularidades en el periodo anterior". En concreto, este organismo localizó 12.000 expedientes con irregularidades en el sistema, en muchos casos, de beneficiarios fallecidos que seguían de alta. La ministra cree que con el nuevo sistema se "garantizará la transparencia en esta información".

ATENCIÓN PARA DEPENDIENTES DE 0 A 3

   Asimismo, el Consejo Territorial ha aprobado un acuerdo sobre los "criterios comunes, recomendaciones y condiciones mínimas de los planes de atención integral a menores de 3 años" que deberán desarrollar las comunidades autónomas y que prevé, por un lado, la creación de "un marco normativo básico en materia de Atención Temprana" y, por otro, planes estratégicos para desarrollarlos.

   Según ha explicado, por tratarse de beneficiarios de la Ley de Dependencia serán atendidos con el presupuesto de la misma. Así, ha concretado que el plan no contempla "ninguna dotación adicional salvo la necesaria para poner en marcha la atención temprana". Tampoco ha concretado un plazo para finalizar ese "marco normativo básico en todo el territorio nacional que garantice la atención de calidad", aunque ha incidido en que se empiezan ya los trabajos.

   También en el área de Dependencia, el Consejo ha aprobado la creación de "dos grupos de trabajo" que habrán de analizar los sistemas de valoración de dependientes que se utilizan para asignarles las prestaciones.

   Mato ha concretado que "uno es para analizar la situación del procedimiento para reconocer la concesión de las prestaciones, simplemente ver como es el procedimiento para que todas lo tengan en común" con objetivo de "hacerlo más ágil y más rápido".

   El otro es "para analizar los procesos de valoración y establecer mecanismos de coordinación entre las comunidades autónomas" porque "se trata de que la valoración sea la misma y tenga los mismos baremos", conforme ha señalado.

CAMBIO EN EL REPARTO DEL IRPF

   El Consejo Territorial también ha aprobado la propuesta de Sanidad de modificar el modo en que Sanidad distribuye habitualmente los fondos que donan los ciudadanos al marcar la casilla de Fines Sociales en su declaración de la Renta y que este ejercicio superan los 210 millones de euros.

   Según ha explicado, si bien hasta la fecha el reparto se hacía en función de los colectivos, a partir de ahora los objetivos estarán "basados en las áreas de actuación" con idea de "priorizar los programas de urgencia social", atendiendo a personas en situación de pobreza y vulnerabilidad, familias con menores o dependientes a cargo y nutrición infantil, entre otros.

   Además, ha abordado el segundo plan de pago a proveedores aprobado por el Ministerio de Hacienda que incluye más de 1.000 millones de euros para que las administraciones salden deudas con las ONG y otros 1.800 para las contraídas con las redes sanitaria, educativa y de servicios sociales.