Más de 500 personas han participado este domingo en la manifestación contra la central nuclear burgalesa de Santa María de Garoña convocada por Ecologistas en Acción, que ha partido minutos antes de las 13.00 horas desde la localidad de Barcina del Barco en dirección a la planta.
La hipotética continuidad de la central, tras la posibilidad de implantar un año para el cierre definitivo cuando el cese de la actividad de una planta nuclear sea por cuestiones económicas, supone para la organización ecologista "una nueva presión" al Gobierno de la nación, según ha señalado en declaraciones a Europa Press el portavoz de la coordinadora contra Garoña, Arístides García Suárez.
"Estamos convencidos de que no va a continuar", ha aseverado García Suárez, antes de insistir en que tras la postura de Nuclenor, empresa propietaria de la central burgalesa, se esconden los "intereses" del 'lobby' de todas las centrales nucleares españolas.
Pese a ello, ha destacado que el momento que atraviesa la planta lleva aparejada una situación "irreversible", teniendo en cuenta que "está bastante peor de lo que se pensaba".
Al respecto, ha explicado que el estado en el que se encuentra la planta desde diciembre supone un coste diario para la empresa de entre 160.000 y 200.000 euros y que, en caso de pretender su reactivación, la empresa debiera asumir una inversión cercana a los 200 millones de euros.
En este sentido, ha recordado que a las reparaciones necesarias y fijadas por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), habría que sumar el coste de construcción de unas torres de refrigeración.
A todo ello, habría que añadir el coste de nuevas contrataciones, puesto que, según los cálculos de Ecologistas en Acción, en estos momentos permanecen en plantilla unos 280 trabajadores y se han roto las relaciones laborales con las subcontratas con las que se desarrollaban trabajos de forma continua.
Asimismo, ha recordado que, en caso de que Nuclenor apostase finalmente por la continuidad, debiera iniciar un proceso, cuya duración oscilaría entre uno y tres años, para solicitar de nuevo todos los permisos pertinentes para una explotación de estas características, así como recibir el visto bueno de los filtros local y regional y las autorizaciones del CSN y el propio Gobierno de la nación.
