La Policía Nacional ha detenido a 60 personas por presuntamente defraudar más de cuatro millones de euros a la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo a través de 95 empresas ficticias de Barcelona y la zona del Besòs, han informado este jueves fuentes policiales.
La operación ha logrado desmantelar una trama empresarial dedicada a la simulación de contratos de trabajo para poder acceder a prestaciones y subsidios, que daba de alta masivamente a extranjeros extracomunitarios empleando documentos falsificados, previo pago de hasta 8.000 euros.
La investigación se inició cuando los agentes detectaron un falso contrato de trabajo durante la tramitación de un permiso de residencia de familiar de ciudadano comunitario, como pareja de hecho, entre una cuidadora alemana y un ciudadano de Ghana.
Los investigadores averiguaron que los responsables y captadores de la trama ofrecían en locutorios y otros lugares contratos de trabajo fraudulentos a extracomunitarios a cambio de cantidades que oscilaban entre los 3.000 y los 8.000 euros, cuya finalidad era darse de alta en la Seguridad Social.
Los agentes lograron identificar y detener a los nueve responsables de la organización y registraron dos locutorios en Badalona y Santa Coloma de Gramenet, además de un domicilio de Barcelona, en el que intervinieron abundante documentación y utillaje empleado en las falsificaciones.
La policía constató que la red habría creado hasta 95 empresas ficticias de servicios desde 2008 con administradores como testaferros a cambio de una cierta cantidad de dinero, y con la que dieron de alta fraudulentamente a 3.059 extranjeros extracomunitarios a partir de contratos falsos, de los que al menos 257 llegaron a cobrar el subsidio.
En la mayoría de los casos, los detenidos presentaban los contratos y otros documentos falsificados con el fin de obtener el permiso de residencia por arraigo social o laboral, o bien como familiar de ciudadano comunitario, y la operación policial se ha saldado con 60 detenidos de 17 nacionalidades diferentes, principalmente pakistaníes e indios.
El perjuicio económico causado a las arcas públicas supera los cuatro millones de euros por impagos de cuotas a la Seguridad Social, fraude del IVA y percepciones fraudulentas de subsidios y prestaciones sociales, además de estafas cometidas a operadores de móvil, uso de documentaciones falsificadas y solicitud de créditos al consumo, entre otras.
