El empresario Miguel Ángel Flores ha presentado ante el juez Eduardo López Palop una petición de declaración voluntaria para aclarar su situación patrimonial, así como el informe de la Policía que refleja que se vendieron más de 22.000 entradas para la fiesta mortal que se celebró en noviembre de 2012 en el recinto municipal Madrid Arena.
El abogado de Flores, José Luis Fuertes, ha explicado a Europa Press que la petición se ha presentado hace unos días después de la negativa del juez de revocar el auto en el que le impuso a su patrocinado la obligación de comparecer todos los días en los juzgados.
Las nuevas medidas se fijaron el pasado 14 de mayo después de que Flores declarase por segunda ocasión ante el magistrado. Tras la comparecencia, se le amplió la fianza a 300.000 euros y se le impusieron comparecencias diarias.
El abogado defensor interpuso entonces un recurso de reforma contra este auto, que fue desestimado por el instructor. Tras ello, Fuertes presentó otro recurso ante la Audiencia Provincial de Madrid, que está aún por resolverse.
De forma paralela, el letrado ha presentado una petición de declaración voluntaria de su cliente. Según ha señalado, su cliente quiere aclarar algunos puntos de su situación patrimonial, cuyas pesquisas forman parte de una pieza separada del grueso de la investigación.
PIEZA PATRIMONIAL
El pasado abril, el juez ofició a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales de la Policía Nacional (UDEF) a los efectos de que informaran a este juzgado sobre posibles movimientos patrimoniales que se hayan podido producir respecto a Flores y a su hermano José María.
En los fundamentos de derecho, el juez explicaba que es necesario para la investigación que se tenga exacto y puntual conocimiento de los movimientos económicos de los imputados a los efectos de comprobar "si se están produciendo actividades, inversiones o desinversiones que pudieran revelar la intención de abandonar el territorio español y sustraerse de la acción de la Justicia".
Flores también quiere explicar algunos detalles relativos al informe de la Brigada de Informática Forense de la Policía Científica sobre el contenido de los ordenadores de Diviertt y cuyo volcado habría puesto de manifiesto que se vendieron 22.000 entradas para el evento, lo que duplica el aforo permitido de 10.600 personas.
