Un vecino de Redondela (Pontevedra), Vicente A., acusado de abusar de su sobrina política, que padece una discapacidad física y psíquica del 65 por ciento, ha llegado a un acuerdo por el que ha sido condenado a dos años de prisión, pena que ha sido suspendida a condición de que no vuelva a delinquir en un plazo de cinco años.
La vista por estos hechos se ha celebrado este miércoles en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, donde el hombre ha reconocido los hechos y se ha mostrado conforme con la pena de dos años de cárcel, así como con la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y comunicarse con ella por un periodo de dos años.
A continuación, el Tribunal ha dictado sentencia por conformidad de las partes de acuerdo con estos términos --que ha sido declarada firme--, tras lo que ha admitido la solicitud de la defensa de suspender la pena de cárcel, a condición de que el hombre no vuelva a delinquir en un plazo de 5 años y también cumpla con la orden de alejamiento y la prohibición de comunicarse con la víctima.
Así, el acusado ha visto reducida su pena respecto a la petición inicial de la Fiscalía, que solicitaba que fuese condenado a ocho años de cárcel y se le impidiese aproximarse y comunicarse con la víctima durante un periodo dos años superior al de la duración de la pena.
En concreto, al hombre se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño, después de que haya ingresado 18.000 euros en concepto de indemnización. Con ello, ha triplicado la cantidad que reclamaba inicialmente el Ministerio Público para la víctima en concepto de responsabilidad civil por los perjuicios causados.
LOS HECHOS
Tal y como consta en el escrito de acusación de la Fiscalía, entre "mayo y diciembre de 2013" el hombre, "con intención de satisfacer sus deseos libidinosos y con conocimiento del retraso mental y madurativo" de su sobrina, abusó sexualmente de ella, por lo que le acusa de un delito de abuso sexual sobre una víctima especialmente vulnerable.
Por estos hechos, el Juzgado de Instrucción número ocho de Vigo acordó en julio de 2014 medidas cautelares que prohíben al procesado aproximarse y comunicarse con ella. Estas serían prorrogadas por un auto del 21 de enero de 2015 por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Redondela.
