Se ha iniciado el curso en educación secundaria y en centros concretos falta hasta un 35% de profesorado. ¿Cómo es posible esto? Sobre todo cuando hace más de 30 años que la Junta de Andalucía se ha hecho cargo de la colocación de personal docente en los centros públicos andaluces. Este hecho relacionado con la recolocación de más 25000 profesores cada año, una cuarta parte del total de docentes en la red pública andaluza, pone de manifiesto un enorme problema que aqueja a la educación pública andaluza y que se concreta en la alta inestabilidad de las plantilla docentes de un enorme número de centros educativos.
La nefasta política de personal que ha seguido la administración educativa socialista, durante los 40 años de gobierno en la Junta de Andalucía, ha sido un inmenso lastre para mejorar los resultados educativos. La inestabilidad de los docentes en la acción educativa es un factor muy relevante que incide negativamente tanto en las relaciones interpersonales entre familias, alumnado y profesorado, como en la organización de los centros educativos.
Decenas de miles de docentes en la educación pública sufren los constantes cambios de destinos, e incluso despidos, año a año, impidiendo con ello la persistencia de su tarea educativa, amén de hacer imposible la conciliación de la vida personal, familiar y profesional. Y ello fruto de una improvisada e inestable política de lo que se llama “colocación de efectivos”, como si de una batalla se tratara. Las vacantes que se producen por el normal cambio generacional, enfermedades, defunciones y excedencias no se consolidan inmediatamente y como el proceso es malo los efectos que produce son nefastos. El clamor y descontento ha llegado a cotas tan elevadas que la propia Consejería de Educación, en lugar de modificar su errática política, genera mayor inestabilidad mediante la orden de 18 de junio de 2016 que regulaba el denominado 'concursillo' por el que sólo el profesorado definitivo (es decir estable) podía dejar de serlo para solicitar (por un año) un nuevo puesto de trabajo provisionalmente. ¡Por si no eran pocos parió la abuela! El sindicato CGT recurrió la orden por considerarla discriminatoria en beneficio del personal con destino definitivo y eso constituía un "fraude de ley". Ahora, con la rapidez que caracteriza a la Justicia, dos años después, El TSJA, que nada tiene que saber sobre las bondades de la estabilidad docente, sí considera que existe una falta de motivación en la Disposición Adicional Tercera que excluye expresamente de las nuevas comisiones de servicio a los funcionarios en destinos provisionales. Y de la interinidad ni se pronuncia.
La Junta de Andalucía conoce, porque al menos CGT se lo ha trasladado, que existen modos de evitar esta constante sangría de personal de los centros educativos, aumentando al mismo tiempo las garantías para que todo el personal obtenga destinos que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Pero posiblemente también la inestabilidad y el trasiego de tanto político sea otra causa más para no poner remedio, que para esto no se precisan más dineros.
Fdo Rafael Fenoy Rico
