El encuentro se ha celebrado después de que este pasado lunes, el colectivo de trabajadores y prejubilados de los expedientes de regulación empleo promovidos en 2003 y 2007 y cuyas rentas han quedado suspendidas, protagonizasen una nueva movilización a cuenta de la difícil situación económica que atraviesa la sociedad gestora del mercado central de abastos.
DEBATE CON SERRANO Y ENCUENTRO "INFORMAL" CON ZOIDO
Tras la entrevista, que se ha prolongado por más de tres horas, el presidente del comité de empresa de Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado a Europa Press de que los representantes de la plantilla han reclamado a Gregorio Serrano, y luego al alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), en una conversación "informal", "el mantenimiento del carácter público de la empresa y de sus servicios". Igualmente, los líderes de los trabajadores han demandado a Serrano y a Zoido en tal encuentro "informal" que el Ayuntamiento, como accionista mayoritario de Mercasevilla, adopte una posición "beligerante" ante la Junta de Andalucía.
Y es que la Consejería de Empleo ha negado cualquier compromiso de financiación respecto al ERE promovido por Mercasevilla en 2007, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y del que dependen las prejubilaciones de 40 extrabajadores, toda vez que Mercasevilla y la Consejería de Agricultura y Pesca están enfrentados a cuenta de las sanciones impuestas a la lonja hispalense por la localización de pescado inmaduro en sus instalaciones. Tanto Gregorio Serrano como el alcalde, según Rafael Domínguez, se han posicionado a favor del carácter público de la lonja y sus servicios.
"PACTO POR MERCASEVILLA"
Además, los líderes de la plantilla han reclamado al máximo accionista de la sociedad mixta "un pacto por Mercasevilla, con todos los agentes sociales y económicos" que toman parte en la empresa. "Gregorio Serrano nos ha dicho que impulsará el diálogo para este pacto por Mercasevilla", ha relatado Rafael Domínguez. El presidente del comité de empresa, igualmente, ha señalado que en el encuentro ha quedado "confirmado" que Mercasevilla sufre ya "problemas para pagar las nóminas" a cuenta de un embargo derivado del conflicto de los inmaduros.
Mercasevilla, como se recordará, cerró el ejercicio 2010 con pérdidas por valor de 381.560 euros, toda vez que la Dirección General de la lonja había sido facultada, en el anterior mandato, para "llevar a cabo las medidas oportunas para evitar una situación de insolvencia", dado que el ejercicio anterior, el de 2009, fue saldado con pérdidas por valor de 4.123.666 euros. De hecho, mediado 2010, la empresa se vio obligada a someterse a una operación de ampliación y reducción de capital al objeto de eludir una posible causa de disolución, extremo que ha llevado al gremio de mayoristas de fruta y hortalizas, socio minoritario de la empresa, a considerar "maquillado" el resultado de las cuentas de ese año.
Sobre la empresa pesa, además, un pasivo de 9.046.976 euros a cuenta de la incertidumbre que rodea a la financiación del expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, al que se adhirieron unos 40 empleados cuyas nóminas han quedado en el aire al haberse desligado la Consejería de Empleo de los pagos. El ERE de 2007, de hecho, figura en las diligencias incoadas por el juzgado de Instrucción número seis de Sevilla sobre la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas financiadas con fondos autonómicos, a cuenta de su incentivación y de la inclusión en el procedimiento de Antonio Garrido Santoyo, un exmiembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) que jamás había trabajado en la empresa.
NUEVO FRENTE
El último episodio de la sociedad mixta ha surgido al quedar "temporalmente" paralizadas las nóminas de tres trabajadores prejubilados merced al expediente de regulación de empleo promovido en 2003 por la lonja hispalense. Se trata, en concreto, de P.V.M., J.G.M. y J.D.M., quienes figurarían entre las 111 "discordancias administrativas" detectadas por la Consejería de Empleo después de haber revisado 67 expedientes de regulación de empleo a cuenta de la posible trama de prejubilaciones fraudulentas investigada por el Juzgado de Instrucción número seis.
