Condenados a un año de cárcel por un incendio que arrasó 10 hectáreas en una finca en Beas en 2007

Un juzgado de Huelva ha condenado a dos personas a seis meses de prisión para cada una y al pago de una multa diaria de tres euros durante seis meses, que asciende a más de 500 euros, como autores responsables de un delito de incendio forestal por imprudencia grave. Un fuego que se propinó en una finca ubicada en el término municipal de Beas, donde se disponían a construir una alambrada, y que afectó a casi diez hectáreas de matorral, pastos y árboles.
   Según reza en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, el juzgado pide a su vez, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de los acusados a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con la suma de 4.318 euros por los gastos de extinción del incendio.
   El juzgado considera probado que los acusados, mayores de edad y sin antecedentes penales, se encontraban en la tarde del 28 de junio de 2007 en el citado paraje, donde habían sido contratados a través de una empresa con el fin de construir una alambrada.
   En el citado lugar, sobre las 14,00 horas, con una temperatura de casi 30 grados, utilizaron una máquina para soldar, saltando chispas y partículas metálicas, que prendieron en el abundante pasto y matorral sobre el que trabajaban, extendiéndose el fuego al terreno forestal colindante por la falta de diligencia y cuidado de los acusados, que no realizaron cortafuegos perimetral ni disponían de agua y extintores en cantidad suficiente.
   Los acusados iniciaron la extinción con una manguera y solo la llegada del dispositivo del Infoca permitió que el incendio fuese apagado definitivamente sobre las 20,55 horas de ese mismo día, llegando a afectar una extensión aproximada de 9,6 hectáreas de matorral, pastos y árboles, ocasionándose daños cuantificables económicamente en los terrenos colindantes que no son reclamados por los perjudicados de las fincas colindante, quienes tan solo reclaman los gastos de extinción.
   Por su parte, la Fiscalía calificó los hechos como constitutivos de un delito de incendio forestal por imprudencia grave y pedía para los acusados la pena de ocho meses de prisión y una multa que ascendía a casi 1.500 euros, así como una indemnización conjunta y solidariamente  a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía con la suma de 4.318 euros por los gastos de extinción del incendio.