La OMI ha aprobado de manera preliminar la iniciativa conjunta hispano marroquí de mejorar la seguridad en la navegación a través del Estrecho a través de dos carriles de control del tráfico. En la actualidad, todos los buques que naveguen hacia en Estrecho están obligados a informar de su ruta a la estación de control de buques de Tarifa. Con el nuevo sistema, que se espera entre en vigor a finales de 2010, los que naveguen hacia el Mediterráneo deberán informar a una nueva estación en Tánger y los que salgan del Estrecho continuarán informando a Tarifa. Reino Unido ha replicado a esta iniciativa asegurando que en la zona del Estrecho existen tres jurisdicciones y no dos. El Gobierno del Peñón asegura que su estatus geográfico debe ser reconocido en la propuesta.
Para Landaluce, los argumentos esgrimidos por el Gobierno gibraltareño denunciando que la Comisión Internacional de Transporte haya considerado que en el Estrecho sólo existan dos jurisdicciones en lugar de tres, “pone de manifiesto que la comunidad internacional tiene muy claro la jurisdicción y el ámbito de competencias que afectan a estas aguas”. La decisión adoptada, basada en la sensatez a criterio del PP, “supone una traba a los intereses soberanistas de Gibraltar, que pretende a través de pequeñas concesiones hacer valer sus pretensiones de controlar las aguas que rodean el Peñón”.
También manifestó estar informado en todo momento de lo que ocurra en cuanto al tráfico en el Estrecho, “pero de ahí a tener responsabilidad hay un trecho”. El PP siempre ha mantenido un posicionamiento claro y conciso sobre las relaciones con Gibraltar, “unas relaciones que deben basarse en la cooperación y en el desarrollo conjunto, pero siempre sabiendo quién es quién y hasta donde llegan las competencias de cada cual”. En este sentido, Landaluce ha recordado que Gibraltar también tiene entradas y salidas de buques en su puerto, y por tanto, “también tiene cierta responsabilidad en estos tráficos, por lo que debe acceso a la información, que no al control”.
Para concluir, José Ignacio Landaluce apuntó la conveniencia de que, “en aras a dirimir cualquier discusión o problema respecto a esta nueva división de las responsabilidades de control en el tráfico marítimo, se designe un representante de la Comunidad Internacional de Transportes que sirva de árbitro ágil ante la posibilidad de disparidad de criterios”.
