El Sindicato Nacional de Trabajadores en Fraude, pionero en la defensa de los empleados contratados en fraude en las diferentes administraciones, anuncia haber presentado ante la Audiencia Nacional una demanda por conflicto colectivo contra el Estado Español. En ella se cuestiona el sistema “abusivo y fraudulento de contratación temporal que están haciendo las administraciones, al llamar temporales a empleados con más de 3 años de servicios y además efectuar lo que es el Ere encubierto mayor de la Historia”.
En el Conflicto se pide a la Audiencia que aclare los requisitos básicos para entender que existe abuso y fraude así como la consecuencia. Se solicita la desnaturalización de los vínculos, es decir, igual que los falsos autónomos, estos empleados pasan a regirse por el Estatuto de los Trabajadores y por ello se les debe reconocer el derecho a tener empleo de forma indefinida, no temporal ni supeditada a sacar las plazas a oferta. En todo caso se debe indemnizar, opina el SINTEF.
Esta demanda afecta al futuro de los 700.0000 trabajadores contratados “en fraude y abusados por las administraciones, al negársele la estabilidad que propugna la Directiva 1.999/70 y los Acuerdos Marcos suscritos por el Estado Español”. “Lo que más llama la atención es que la Directiva, de obligado cumplimiento, no ha sido traspuesta a la normativa de nacional sobre contratación administrativa y temporal en las administraciones públicas”, apunta el SINTEF.
El letrado Manuel Nicolás Martos García de Veas es quien defiende y asiste a este Sindicato. Explica el sindicato que “esta nueva demanda, de conflicto colectivo, lleva aparejada la suspensión de todos los procedimientos que se estén conociendo por fraude en el territorio español, tanto en la jurisdicción social como contenciosa (solo el sindicato, la Asociación Nacional de Interinos y Laborales y el letrado tienen miles presentadas a lo largo de todo el territorio)”.
“Se solicita nuevamente que se eleve cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (T.J.U.E) ante la manifiesta imposibilidad de solventar el problema el Estado, mientras no se determine qué se entiende en España por estabilidad en la administración”, explica el SINTEF, para el que resulta “innegable que un empleado público que presta servicios durante 18 años debe tener derecho a la estabilidad a la luz de la normativa europea, que está por encima de las normas laborales y estatuarias de España, por el fraude y el abuso”.
“El Estado, en contra de ello, no dota de estabilidad ninguna al personal que presta servicios en igualdad de condiciones que los funcionarios durante más de 3 años, muy al contrario firma con los tres sindicatos mayoritarios (CC.OO, U.G.T y C.S.I.F) un acuerdo por el cual todas estas personas deben nuevamente examinarse para seguir prestando servicios, aun teniendo varias oposiciones aprobadas ya, siendo cesados en su caso sin derecho a nada”, asegura el sindicato apuntando que “la media en España de contratos y nombramientos temporales es de 18 años de prestación de servicios lo cual es absolutamente fraudulento y abusivo”. “Dependiendo de la Comunidad y el servicio encontramos situaciones como profesores en educación en Asturias con más de 34 años como interinos que puede verse en el paro sin posibilidad real de incorporación en el sector privado y sin indemnización alguna”, zanja.
Recuerda el SINTEF que “en la propia Audiencia Nacional se está conociendo también la demanda presentada por el letrado asistiendo a la Asociación Nacional de Interinos y Laborales (A.N.I.L) (pro. ord. 380/2.017) pendiente de votación y fallo, en la que se demandó también al Estado”. “En aquel momento el Gobierno era del PP así como a los tres sindicatos mayoritarios y firmantes del Acuerdo (comúnmente conocido como "Acuerdazo") CC.OO, UGT Y CSIF”, apunta.
“Esos acuerdos firmados por Gobierno y Sindicatos ponen en jaque a los 700.000 trabajadores que de forma fraudulenta prestan servicios por décadas en la administración y en vez de defenderlos los despiden en lo que es el Ere encubierto mayor de la historia”, asegura el SINTEF.
En un comunicado, explica el sindicato que “en esa batalla, pendiente de sentencia en estos días, en defensa, también, de los derechos de los trabajadores temporales, ya reconocía el Ex Ministro responsable de función pública, Sr. Montoro, que eran más de 350.000 trabajadores los afectados oficialmente”.
“Sólo en Sanidad se reconocen por el Estado tener más de 169.000 trabajadores de forma temporal, interina o estatutaria, por más de 3 años y por ende en fraude”, asegura el SINTEF añadiendo que “en educación el número de interinos temporales es de más de 116.000, en las diferentes Consejerías el número está por encima de los 26.000, para terminar en justicia con más de 9.000”. “A estos números debemos sumar los trabajadores de las empresas públicas así como las entidades locales, Diputaciones y Ayuntamientos (...) que no están registrados ni controlados, de ahí que se pueda superar ampliamente el número de 700.000”, opina el SINTEF.
Ahora, el sindicato asgura que también ha presentado “diligencias previas en los diferentes juzgados de provincia para que las administraciones aporten los datos de los políticos y funcionarios responsables de la gestión de recurso humanos a los que se les va a solicitar responsabilidad solidaria en las demandas por daños y perjuicios que se interpondrán por este personal”.
“Las indemnizaciones se calculan que superan los 37.000 euros de media por afectado lo que supondrá una cantidad total de más de 25.900.000.000 de euros, una cifra que corresponde con una dejación de funciones importantísima y que tendrá repercusiones de toda índole ya que la ciudadanía y la opinión pública no deban indemnizarse situaciones de dejación por parte de las administraciones”, reza el comunicado del SINTEF, que anuncia nuevas demandas contra el Estado para “indemnizar a todo este personal así como la depuración de responsabilidades de toda índole a los funcionarios y políticos que han permitido esta situación”.
“El Sindicato además solicitará información para la posible anulación de todos los actos suscritos por el personal interino y temporal a lo largo de estos años ya que no gozan de la auroritas necesaria para ejercer las potestades del Estado”, anuncia.
“Esta situación es real aunque parezca increíble pudiendo hacer temblar al Estado de derecho que puede ver como sentencias distadas por jueces sustitutos, multas emitidas por policías locales interinos (...) pueden verse anuladas por defecto de forma ya que nadie, que no sea funcionario, puede dictar actos”, advierte insistiendo en que “el problema que tiene el Estado español es muy complejo y así ya se le trasladó a la Comisión Europea mediante denuncia suscrita por el letrado Manuel N. Martos en el año 2.014”. “Tras ello, al Estado español le abrieron procedimiento por posible infracción que terminó con la sanción al acreditarse que se incumplen por el Estado los derechos a la Estabilidad”, recuerda el SINTEF zanjando que “para aplazar el pago de la multa que se nos impuso se efectuó el Acuerdo del Gobierno del PP con los sindicatos y en vez de dar la estabilidad que exigía la Comisión como condición al aplazamiento, se está afectando el ERE encubierto mayor de la Historia con el beneplácito de los sindicatos”.
