La vicepresidenta del Parlamento Europeo Eza Bozena Kopacz ha trasladado este viernes al pleno de la institución que el Tribunal Supremo español ha pedido el levantamiento de la inmunidad del expresidente catalán Carles Puigdemont y el exconseller Toni Comín, dando así inicio a un proceso que se prolongará meses.
El siguiente paso es que el asunto llegue a la comisión de Asuntos Jurídicos, que se reúne este jueves pero que no podrá tratar el suplicatorio contra los dos políticos independentistas. Las próximas reuniones de esta comisión serán los días 27 y 28 de enero.
"Las autoridades españolas se han dirigido al presidente de nuestra institución para solicitar el levantamiento de la inmunidad de Carles Puigdemont y Antoni Comín para poder seguir con las investigaciones judiciales contra estos dos eurodiputados. Según el reglamento de nuestra institución, esta solicitud pasará a la comisión de Asuntos Jurídicos", ha explicado la polaca al inicio de la sesión de este jueves.
Queda abierto de esta forma un periodo que durará como mínimo dos meses, según cálculos fuentes parlamentarias, que señalan también que lo más normal es que no esté resuelto hasta poco antes del verano.
Lo primero que hará la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara será nombrar al ponente que elaborará el informe que será sometido a votación, tanto en la misma comisión como después en el pleno. El ponente no podrá ser un eurodiputado español.
EL PONENTE NO PODRÁ SER SOCIALDEMÓCRATA
Los distintos grupos de la Eurocámara nombraron al inicio de la legislatura a uno de sus eurodiputados en la comisión de Asuntos Jurídicos como encargados para elaborar los informes sobre los distintos suplicatorios solicitados por las autoridades nacionales.
El requisito de nacionalidad supone que el grupo de los Socialistas y Demócratas (S&D) no podrá asumir el caso ,porque la persona que eligieron al inicio de la legislatura fue el español del PSOE Iban García. Las nuevas solicitudes se van repartiendo por orden entre los ponentes nombrados por cada grupo. Sin embargo, si este turno correspondiera a S&D, pasaría al siguiente grupo parlamentario.
El caso se trata a puerta cerrada e incluye la posibilidad de que el afectado comparezca entre cinco y diez minutos en una audiencia a la que puede acudir acompañado por un abogado que le asesore o puede designar a otro eurodiputado para representarle.
Una vez que el ponente ha redactado su recomendación, ésta se discute también a puerta cerrada y se somete a votación. El informe finalmente se eleva al pleno para decidir si se aprueba o no el suplicatorio, en un voto a mano alzada que se resuelve por mayoría simple.
Las reglas de la Eurocámara permiten rechazar un suplicatorio si está motivado por opiniones o votos del eurodiputado en el ejercicio de sus funciones y también si se da un caso de 'fumus persecutionis', es decir, cuando se concluye que la intención de la petición es "perjudicar la actividad política de un diputado y, en consecuencia, la independencia de la institución".
El Parlamento europeo recibió a lo largo de la pasada legislatura 55 suplicatorios de autoridades judiciales de los Estados miembro solicitando que se levantara la inmunidad de alguno de sus eurodiputados y solo rechazó suspender esta protección en cinco de los casos.
LOS TRES GRANDES GRUPOS SE INCLINAN POR ACEPTARLO
A lo largo de esta sesión plenaria en Estrasburgo, los tres principales grupos han mostrado que se inclinan por aceptar el levantamiento de la inmunidad de los dos políticos independentistas catalanes. El más tajante fue el líder del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber, al afirmar que su grupo está "preparado" para votar a favor.
"Respetamos totalmente nuestros principios del Estado de derecho y nuestra independencia judicial. Si las autoridades españolas nos piden levantar la inmunidad, estamos preparados para hacerlo", ha señalado en una rueda de prensa. El conservador alemán ha destacado además que "por el momento" ninguna delegación nacional de su grupo se ha "opuesto" a esta posición.
Aunque no de forma tan clara, la presidenta de S&D, la española Iratxe García, también se mostró favorable a "dejar trabajar a la Justicia", aunque remarcó que los socialdemócratas todavía no han fijado una posición al respecto.
"Veremos en ese momento, cuando estudiemos el contenido, la posición que tenemos que tomar. Pero desde el grupo socialista estamos con una posición muy clara, que es dejar trabajar a la justicia", dijo en una rueda de prensa. "Una cosa es entender que necesitamos trabajar desde el diálogo para buscar una solución política y otra cosa es permitir que la Justicia trabaje, y no son incompatibles estas dos cuestiones", añadió.
En una línea similar, el líder de los liberales de Renew Europe, Dacian Ciolos, explicó que su grupo todavía no ha acordado una postura oficial "específica", pero apuntó que es "normal" que la Eurocámara deje "trabajar" a los sistemas judiciales nacionales. No es algo nuevo, en el mandato previo hubo decenas de solicitudes. Es normal dejar que la Justicia nacional trabaje cuando tienen un caso", señaló.
